Madrid se plantea restringir aún más las viviendas turísticas tras la ofensiva regulatoria contra Airbnb
30/05/2025 - ⏱️ 2 min
El Ayuntamiento de Madrid estudia una nueva ronda de restricciones al alquiler turístico en la capital tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo que ha avalado la potestad municipal para limitar estas licencias en función del impacto sobre la convivencia y el uso residencial del suelo. La medida, que afectaría a zonas ya tensionadas como Malasaña, Chueca o el centro histórico, se suma a una ofensiva normativa más amplia que está sacudiendo el modelo de negocio de plataformas como Airbnb en toda España.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ordenó a mediados de mayo la retirada inmediata de más de 65.000 anuncios de alquiler vacacional que no cumplen la legislación autonómica o municipal. Solo en Madrid, más de 5.800 propiedades han sido deslistadas de forma forzosa, lo que ha generado inquietud entre los propietarios y operadores que dependen de estos ingresos para mantener sus inmuebles.
“La situación es insostenible. Se han generado burbujas de precios en barrios que antes eran accesibles y ahora son inhabitables para los vecinos de toda la vida”, declaró a El País una portavoz del Ayuntamiento, quien confirmó que se está valorando una moratoria total de nuevas licencias turísticas en el distrito Centro y una revisión a la baja de las ya existentes.
La industria del alquiler de corta duración defiende, sin embargo, su papel dinamizador en la economía local. Según un informe de la asociación AVAECAT, las viviendas turísticas generan más de 1.200 millones de euros anuales en la Comunidad de Madrid entre alquiler, restauración y actividades complementarias. “Lo que falta no es turismo, sino regulación clara”, denuncian desde la patronal del sector, que estudia recurrir las últimas actuaciones ante la Audiencia Nacional.
En paralelo, los precios del alquiler residencial siguen escalando en los principales núcleos urbanos. Datos de Idealista muestran que en el primer trimestre de 2025 el precio medio en Madrid capital creció un 7,2 % interanual, con picos superiores al 12 % en barrios como Lavapiés, Chamberí y Arganzuela. Parte de esta presión, según el Banco de España, está vinculada a la conversión de vivienda habitual en alojamientos turísticos, una tendencia que reduce la oferta disponible y distorsiona los precios de mercado.
A nivel internacional, la capital española sigue la estela de otras ciudades europeas que han optado por restringir fuertemente este modelo: Berlín mantiene un sistema de licencias estrictamente limitado; Ámsterdam prohíbe el alquiler turístico más de 30 días al año; y París ha iniciado un proceso de sanciones masivas con apoyo judicial.
En este contexto, inversores institucionales y gestores patrimoniales observan con creciente atención los movimientos normativos. “La inseguridad jurídica en torno al alquiler turístico empieza a afectar la rentabilidad esperada de algunas promociones de build-to-rent que aspiraban a combinar contratos temporales con flexibilidad operativa”, señala un informe interno de CBRE al que ha tenido acceso este diario.
De aprobarse las nuevas medidas, Madrid se alinearía con un marco más restrictivo de acceso al uso turístico del parque inmobiliario, priorizando el interés general sobre la rentabilidad individual. Lo que está en juego no es solo el modelo de ciudad, sino la sostenibilidad de su mercado residencial a medio plazo.
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