España plantea duplicar los impuestos a compradores inmobiliarios de fuera de la Unión Europea
07/06/2025 - ⏱️ 2 min
El Gobierno español ha encendido las alarmas en el sector inmobiliario internacional tras anunciar su intención de imponer un recargo del 100 % en los impuestos sobre las adquisiciones de inmuebles por parte de compradores no residentes fuera de la Unión Europea. La medida, revelada por el propio presidente Pedro Sánchez en un acto celebrado el 21 de mayo en el Congreso, pretende contener la escalada de precios en el mercado residencial y limitar el peso de la inversión especulativa extranjera en determinadas zonas tensionadas.
“No podemos permitir que la vivienda se convierta en un activo financiero para inversores que no viven aquí, mientras los jóvenes españoles no pueden acceder a un alquiler digno”, declaró Sánchez al presentar el nuevo plan de acción para la vivienda.
La propuesta, que forma parte de un paquete legislativo más amplio en negociación con Sumar y ERC, contempla gravar con un tipo adicional del 100 % los impuestos de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados (ITP y AJD) en operaciones protagonizadas por ciudadanos extracomunitarios que no residan fiscalmente en España ni acrediten un uso habitual del inmueble como primera vivienda.
La medida afectaría especialmente a compradores procedentes de países como Rusia, China, Estados Unidos, México y Emiratos Árabes Unidos, que han estado muy activos en mercados como la Costa del Sol, Madrid, Barcelona o Baleares durante los últimos cinco años.
Impacto inmediato: inquietud en el mercado y riesgo reputacional
Los primeros análisis del sector apuntan a un potencial efecto disuasorio sobre la inversión extranjera directa en vivienda española, que podría contraerse de forma significativa si la medida se aprueba tal como está redactada.
Según datos del Colegio de Registradores, en 2023 los ciudadanos extracomunitarios protagonizaron el 28 % de las compras de vivienda por parte de extranjeros en España. En zonas como Marbella o Ibiza, ese porcentaje supera ampliamente el 50 %. Entre 2018 y 2023, más de 32.000 operaciones fueron formalizadas por no residentes extracomunitarios, lo que supuso una entrada estimada de capital superior a 12.000 millones de euros.
El sector promotor y los agentes internacionales ya han advertido sobre el impacto negativo que tendría una penalización tan severa. Algunas asociaciones, como FIABCI España y APCEspaña, han calificado la medida de “improvisada, discriminatoria y potencialmente inconstitucional”.
“El capital extranjero ha sido clave para revitalizar zonas urbanas degradadas, financiar promoción de obra nueva y dinamizar el mercado de alquiler. Castigarlo indiscriminadamente puede tener efectos regresivos sobre el empleo y la recaudación”, afirmaba esta semana el economista inmobiliario José Antonio Pérez, director de Real Estate Business School.
Posibles excepciones y reacción internacional
El Ejecutivo ha abierto la puerta a establecer excepciones sectoriales o geográficas si la medida se considera lesiva para los intereses económicos de determinadas regiones. La Generalitat Valenciana y el Govern Balear han solicitado ya que se excluyan los proyectos con fines turísticos o con impacto en empleo local.
A nivel internacional, la medida también podría desencadenar una revisión de acuerdos bilaterales en materia de inversión. Algunos despachos especializados en derecho fiscal ya han advertido que el recargo podría ser considerado una forma indirecta de discriminación contraria a convenios internacionales suscritos por España, incluyendo tratados de reciprocidad fiscal y protección de inversiones.
El Financial Times, que recogió la noticia el 22 de mayo, cita a varios inversores británicos y del Golfo afirmando que este tipo de iniciativas “aumentan el riesgo regulatorio en un país que hasta ahora era percibido como estable y predecible”.
¿Una medida eficaz o populismo fiscal?
Los defensores del recargo sostienen que el capital extranjero ha inflado artificialmente los precios en zonas prime, expulsando a residentes locales del mercado. Organizaciones como Barcelona en Comú y Podemos Baleares respaldan la medida como un primer paso hacia la “desfinanciarización del derecho a la vivienda”.
Sin embargo, los expertos apuntan a que el problema del acceso a la vivienda en España es multifactorial, y requiere reformas estructurales en oferta de suelo, normativa urbanística y eficiencia administrativa.
“Poner obstáculos a la demanda sin intervenir en la oferta es como frenar un coche apretando el claxon”, ironizó esta semana un editorial de El Economista.
Un debate abierto… con efectos inmediatos
La propuesta se encuentra ahora en fase de enmiendas en el Congreso, y se espera que se vote antes del verano. Aunque aún puede sufrir modificaciones, su mera existencia ya ha provocado reajustes de estrategia en múltiples despachos inmobiliarios y gestoras de patrimonios internacionales.
En un mercado globalizado, las señales regulatorias importan tanto como los fundamentales. Y ahora mismo, España emite señales confusas.
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